Los números son contundentes. El pasado año se registraron cuatro infracciones de seguridad de las calificadas como muy graves en los estadios españoles. Muy lejos de las 150 que se produjeron en la temporada 2014/15, según refleja la Memoria de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. En esa categoría entra lo peor que puede ocurrir en un recinto: actos violentos con muertos o heridos, lanzamiento de bengalas con daños personales, violar la prohibición de acceso a los campos… También se han conseguido frenar las peleas entre grupos violentos o agresiones de estos a otros aficionados. Si en la 2015/16 se registraron 30 de estos incidentes en LaLiga Santander, LaLiga 1|2|3 y Copa del Rey, el año pasado esta cifra se redujo a 17, prácticamente la mitad.
El cambio ha sido radical y ha ocurrido en apenas cuatro años. Los estadios de fútbol se han convertido en zonas más seguras gracias especialmente a las medidas impulsadas por los legisladores y LaLiga. Hay un control más estricto de los violentos, todos los clubes cuentan de forma obligatoria con un director de seguridad, la tecnología de la seguridad se ha sofisticado y la vigilancia y denuncias han aumentado.
Cada club tiene un director de seguridad, que además ha de ser la misma persona durante toda la temporada, salvo casos excepcionales. Estos responsables están obligados a comunicarse entre sí antes del partido de sus equipos para intercambiar información. Además, son los responsables de establecer los dispositivos de seguridad privada para cada choque en contacto permanente con la otra figura clave: el coordinador de seguridad, que es el mando policial al mando en cada evento.
“Lo habitual es que haya dos comunicaciones formales para cada partido, que se producen por vía telefónica y escrita, y otras muchas informales según se aproxima el encuentro”, desarrolla Fernando Bernal. El club visitante entrega al local unos formularios en los que se indica cuántas entradas se han vendido de las que han sido puestas a disposición de la afición foránea, cómo van a viajar y hospedarse el equipo y sus fans y, si se da el caso, qué grupos pueden suponer una amenaza. Esa información se suma al resto de cálculos (importancia del partido, rivalidad entre los equipos, previsión de afluencia al campo…) para evaluar el nivel de riesgo del partido, y a partir de ahí, el modelo de dispositivo de seguridad que establecerán las autoridades policiales y el club.
“En el caso del Sánchez Pizjuán [un estadio de casi 45.000 espectadores que casi siempre se acerca al lleno], solemos contar con 240 vigilantes de seguridad privada apoyados por 110 auxiliares de seguridad en un partido de riesgo normal”. Antes, la comunicación no estaba regulada. Los directores de seguridad de los clubes, si existían, no tenían por qué conocerse unos a otros. Ahora incluso se convocan reuniones periódicas entre ellos y las fuerzas policiales para mejorar los protocolos.
