Los conflictos laborales derivados de expedientes de regulación de empleo o deslocalizaciones de plantas productivas conllevan, en la mayoría de los casos, negociaciones colectivas que acaban desencadenando en conflictos y periodos de colisión entre la empresa y los trabajadores.
Ante esta situación, muchas compañías se encuentran con el reto de conseguir pruebas fehacientes de hechos irregulares o incluso delictivos llevados a cabo por sus propios empleados.
Sabotajes, paralización de plantas, movilización de trabajadores, protestas, huelgas o parones de producción pueden conllevar medidas disciplinarias o, incluso, acabar con despidos. Estos daños, pueden implicar demandas o querellas penales por parte de la empresa hacia sus propios trabajadores, todo en función del daño derivado de posibles extralimitaciones durante las protestas de los empleados.
Evidencias
En estos supuestos es muy difícil conseguir evidencias solventes de las acciones irregulares realizadas por los empleados, así como obtener pruebas de los daños causados o posibles testimonios que permitan identificar a los autores.
Una vez iniciado el conflicto el margen de maniobra del empresario es escaso, y mucho menor al que tendría si hubiera planificado y programado las acciones antes de iniciar cualquier procedimiento de regulación, deslocalización o cierre.
Planificación
Una adecuada planificación de los riesgos y una previsión y análisis de los distintos posibles escenarios puede ayudar a la compañía a minimizar riesgos e, incluso, preparar distintos mecanismos de obtención de pruebas en caso de posibles incidentes.
La instalación de cámaras ocultas o cámaras vistas, la protección de la información digital o la adecuada gestión de la comunicación con las instituciones públicas y medios de comunicación son solo alguna de las acciones que minimizan, muy significativamente, el riesgo a sufrir daños irreparables no solo en el correcto funcionamiento de la organización sino también en la imagen, reputación y credibilidad de la compañía.
Para ello, abogados, profesionales de la investigación, expertos en la gestión de riesgos y entendidos de la comunicación deben trabajar conjuntamente para garantizar la continuidad del negocio ante un posible conflicto. Con ello se evitan incidentes no deseados y se garantiza el poder documentar, con garantía probatoria, posibles actos por parte de empleados que pudieran ser constitutivos de sanción, amonestaciones o incluso despidos.
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